Las promesas económicas del debate de investidura de Pedro Sánchez | Economía

Las promesas económicas del debate de investidura de Pedro Sánchez | Economía

El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha lanzado una multitud de promesas económica este miércoles en el marco del debate de investidura. En su intervención en el Congreso, el candidato socialista se ha comprometido a subir el salario mínimo, mantener la rebaja del IVA alimentario o implementar la gratuidad del transporte para jóvenes y parados, entre otras medidas. Muchas de ellas ya se conocían o estaban en el aire. El líder del PSOE tiene cerrado el apoyo de 179 diputados, tras lograr el sí de los partidos independentistas y nacionalistas, para que pueda repetir al frente del Gobierno en coalición con Sumar, la formación de Yolanda Díaz. Estas son las principales medidas económicas esbozadas en su discurso:

Lucha contra la inflación. La rebaja del IVA de los alimentos básicos entró en vigor el pasado enero, con una vigencia temporal de seis meses y el objetivo de frenar el impacto de la fuerte escalada de precios sobre el bolsillo de los consumidores. El Gobierno decidió prolongarla hasta el 31 de diciembre de este año y ahora Sánchez ha anunciado que se mantendrá también durante los primeros seis meses de 2024. La medida consiste en una disminución del tipo al 0% para alimentos básicos y del 10% al 5% para pastas y aceites. Hasta septiembre, su coste para las arcas públicas rondó los 1.200 millones y se prevé que para el conjunto del año supere los 1.400 millones. “Nuestro país tiene una de las inflaciones más bajas de Europa, pero eso no significa que el problema haya pasado”, ha dicho el presidente en funciones. En octubre, último dato disponible, el IPC general se situó en el 3,5%. Sin embargo, el encarecimiento de los alimentos sigue en cotas elevadas: el 9,5%.

La otra medida estrella para mitigar el impacto de la subida de precios, la rebaja fiscal a los suministros eléctrico y energético, no ha sido, sin embargo, mencionada por el candidato a la presidencia. Estos descuentos deberían agotarse al cierre de año, y su posible prórroga obligaría a buscar otras medidas de ingresos o a rebajar gasto si el Gobierno quiere cumplir con el objetivo de déficit que ha trasladado a Bruselas, del 3% del PIB.

Mercado laboral. Sánchez ha prometido que, si es investido, favorecerá nuevamente la conciliación con el aumento de los permisos de maternidad y paternidad hasta las 20 semanas, desde las 16 actuales. Y que trabajará, también, para lograr el objetivo de “pleno empleo”. La próxima legislatura, dice, será la “del nuevo Estatuto de los Trabajadores”, con un aumento anual del salario mínimo interprofesional (SMI) para mantenerse en el 60% del sueldo medio, tal y como determina el acuerdo de coalición sellado entre PSOE y Sumar.

El presidente en funciones también ha hecho un guiño a la reducción de la jornada laboral: “España sea uno de esos países en los que la gente trabaja para vivir y no vive para trabajar”, ha dicho en el Congreso. Según el pacto firmado con la coalición de Yolanda Díaz, la semana laboral se recortará de 40 a 38,5 horas en 2024 y a 37,5 en 2025. En cuanto a las pensiones, Sánchez ha asegurado que las prestaciones se seguirán revalorizando en función del IPC, tal y como recoge la reforma de las pensiones y como ya ha pasado este año.

Transporte. El transporte público será gratuito para menores y parados, aunque el candidato socialista no ha dado más detalles sobre la medida. El Ministerio de Transportes explica a EL PAÍS que, de momento, no hay más información sobre cómo se llevará a cabo. En cualquier caso, la medida continúa con la senda marcada por el Gobierno de coalición: en septiembre del año pasado, el Ejecutivo inició la gratuidad total de Cercanías y trenes de Media Distancia, que dependen del Estado, para incentivar el transporte público y contener la inflación. Se aplica a todos los usuarios. En enero de 2023, amplió la medida con subvenciones para el transporte público en las grandes ciudades, que gestionan comunidades y ayuntamientos, a través de subvenciones estatales que deben completar las autonomías, y se traducen en descuentos del 50% al 60% para todos los usuarios.

Aunque todavía no se conoce más, se podría aplicar una fórmula similar para lograr los billetes gratuitos para menores y parados. Además, algunas comunidades, como Madrid, ya cuentan con abonos más baratos para jóvenes e incluso con gratuidad total para jubilados, y algunas urbes hacen descuentos a desempleados en sus abonos de autobuses urbanos.

Vivienda. El presidente en funciones también ha prometido nuevas ayudas para facilitar el acceso a la vivienda, que ha definido como “el mayor problema que afrontan muchos ciudadanos, especialmente los jóvenes”. En este sentido, se ha comprometido a elevar el Bono Alquiler Joven que se aprobó la legislatura pasada, lanzando un aviso a las comunidades gobernadas por la derecha que aún no han desarrollado plenamente las ayudas —“ojalá lo hagan”, ha dicho—, y a activar la línea de avales para cubrir hasta el 20% de la hipoteca de jóvenes que y había anunciado en mayo.

Sánchez también ha afirmado que ampliará el alcance de las medidas de alivio hipotecario, elevando el umbral de renta media para acogerse a ellas de los 30.000 euros actuales a los 38.000; el programa de avales del 20% para quienes quieran contratar una hipoteca y a poner a disposición 183.000 viviendas de alquiler asequible, De forma menos precisa, y como “apoyo a la clase media”, ha anunciado ayudas para la reforma de viviendas e incentivos fiscales para que los propietarios se animen a sacarlas al mercado del alquiler.

Energía. Todos los anuncios del candidato socialista en materia energética ya estaban incluidos en el acuerdo de gobierno alcanzado por PSOE y Sumar a finales de octubre o en el borrador del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) publicado poco antes de las elecciones generales del 23 de julio. Más renovables, acompañadas de planes para evitar la creciente contestación social contra algunos proyectos de fotovoltaica y, sobre todo, de eólica. Continuidad del impuesto extraordinario sobre las energéticas. Y, sobre todo, la confirmación de que partirá en dos la actual Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (el superregulador español) para dotar a la rama energética de entidad propia. Se regresa, así, al modelo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que abolió el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) en 2013 a instancias de Bruselas y que se vendió como una forma efectiva de ahorrar casi 30 millones de euros a las arcas públicas.

Con la creación de la CNE volverá a haber un regulador independiente que pose la lupa sobre las empresas energéticas. El movimiento es importante por el momento en el que llega, tras una legislatura, la recién terminada, en la que los altos precios del gas, la electricidad y los carburantes han puesto en la picota a los grandes nombres del sector, que han cosechado —y siguen cosechando— beneficios históricamente altos.

Con información de Laura Delle Femmine, Ignacio Fariza y Miguel Ángel Medina.

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Melissa Andreina Mendoza Araujo

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